Jueves, 19 de Octubre de 2017 Actualizado: 02:59 h.

Sáhara: Un Tribunal de Justicia que orienta la política extranjera de la UE

A instancias del Frente Polisario, la decisión en primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de interceder favorablemente en el recurso de anulación del Protocolo de Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, firmado en marzo de 2012, es un hecho sin precedentes. 

La decisión del TJUE, que valida el hecho que 'no existe ninguna duda en cuanto a lo admisible del recurso', sienta jurisprudencia y permitirá al Polisario multiplicar los recursos a nivel europeo, pero también al nivel de las jurisdicciones de los estados miembros

En la forma, el TJUE ha estimado que el Polisario puede ser considerado como “persona moral” y, como tal, “puede introducir un recurso de anulación, cuando ni tan siquiera dispondría de personalidad jurídica, según el derecho de cualquier Estado miembro o de un tercer Estado”.  Para el TJUE los efectos de un Acuerdo ampliado al “Sahara Occidental no sólo conciernen directamente al Reino de Marruecos, sino también al Frente Polisario, en la medida en que el estatuto internacional definitivo de este territorio no ha sido aún dilucidado y debe ser determinado en el marco de un procedimiento de negociaciones bajo la égida de la ONU, entre el Reino de Marruecos y, precisamente, el Frente Polisario. Por el mismo motivo, el Frente Polisario debe ser visto como individualmente concernido por la decisión adoptada”. En otros términos, la decisión del TJUE, que valida el hecho que “no existe ninguna duda en cuanto a lo admisible del recurso”, sienta jurisprudencia y permitirá al Polisario multiplicar los recursos a nivel europeo (Acuerdo de Pesca y Acuerdo de Asociación), pero también al nivel de las jurisdicciones de los estados miembros, para prohibir las importaciones de productos originarios del Sahara.

En el fondo, mientras que el TJUE valida la posibilidad para el Consejo y la Comisión de la Unión Europea, ambas partes defensoras en este dossier, de negociar y concluir “con un tercer Estado un acuerdo que sería susceptible de ser aplicado sobre un territorio en disputa”, el Tribunal accede al recurso del Polisario bajo pretexto de una supuesta “violación” del principio de “soberanía permanente sobre los recursos naturales”. El TJUE anula el Protocolo de Acuerdo porque el Consejo y la Comisión no están, en ningún momento, seguros de que “no existan indicios de una explotación de recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí susceptible de hacerse en detrimento de sus habitantes y de portar atenta a sus derechos fundamentales”. Según el Tribunal, el Acuerdo debe ser anulado porque “no podríamos limitarnos a considerar que incumba al Reino de Marruecos el asegurar que una explotación de esta naturaleza tenga lugar”. Acordando la posibilidad de recurso al Polisario y reduciendo a Marruecos al simple estatuto de “potencia administradora de facto de un territorio no autónomo”, los tres jueces del tribunal de primera instancia (un sueco, un griego y un búlgaro) tienen la pretensión de suplantar al Consejo Europeo en materia de orientación de la política extranjera de la Unión Europea y derogan, de facto, la jurisprudencia tradicional del TJUE. Y van incluso más lejos que los 28 estados miembros de la Unión Europea, ya que la ONU no reconoce al Polisario como el “representante exclusivo de las poblaciones saharauis”. Tomando también posición de forma clara, frente a los recientes fracasos relacionados con el monitoring de los derechos del hombre, la cuestión de explotación de los recursos naturales será, a partir de ahora, instrumentalizada por los adversarios de nuestra integridad territorial.

Acordando la posibilidad de recurso al Polisario y reduciendo a Marruecos al simple estatuto de “potencia administradora de facto de un territorio no autónomo”, los jueces del Tribunal tienen la pretensión de suplantar al Consejo Europeo en materia de orientación de la política extranjera de la UE

Si bien el Consejo y la Comisión de la UE, partes defensoras en el dossier, tienen realmente la posibilidad de apelar la decisión del Tribunal, ellos son también, de forma clara, responsables del contenido de la sentencia. Sus argumentos jurídicos para contrarrestar los enunciados del Polisario no han sido, francamente, suficientes. Habida cuenta de la orientación política de esta decisión del TJUE habría sido necesario aportar una argumentación política, totalmente legitimada por la realidad sobre el terreno y la credibilidad de la acción de Marruecos en el Sáhara.

En efecto, es sorprendente que la decisión del Tribunal haga únicamente referencia a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU anteriores a 1988. Es también sorprendente que el contenido de esta sentencia, que insiste ampliamente sobre la noción de “beneficio de las poblaciones locales”, no trate de la Regionalización Avanzada, del Modelo de Desarrollo de las Provincias del Sur - que responde claramente a la cuestión del beneficio de las poblaciones -, del Plan de Desarrollo lanzado por Su Majestad Mohamed VI en El Aaiún el pasado 6 de noviembre, o incluso de la tasa de participación en el Sáhara, que rondó el 80% durante las últimas elecciones regionales y municipales. En este orden de ideas, la sentencia omite precisar que el Protocolo de Acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea ha sido validado por las dos cámaras del parlamento marroquí, donde se sientan los representantes electos de las provincias del sur y poblaciones locales.

Aun peor, la decisión del TJUE valida la idea absurda de que un productor local de tomates-cerezas de Dajla se vería potencialmente proscrito de exportar sus productos a Europa - y, por tanto, de beneficiarse de su propia producción - por el único motivo de que le importador europeo no ha consultado al Polisario instalado en Tinduf. Los magistrados del tribunal de primera instancia parecen omitir una verdad histórica y política esencial: si la cuestión de la consulta de las poblaciones locales en su conjunto fuera nítidamente posible, este conflicto regional habría sido resuelto hace mucho tiempo…

Esta decisión del TJUE parece motivada por consideraciones políticas antes jurídicas. Es legítimo que el Reino reaccione con fuerza, revisando todos los acuerdos que lo vinculan a la UE, incluido el Acuerdo de Asociación

Esta decisión del TJUE, instancia de la Unión Europea, parece motivada por consideraciones políticas antes jurídicas. Es totalmente legítimo que el Reino reaccione con fuerza, sin esperar los resultados del probable procedimiento de apelación, revisando todos los acuerdos que lo vinculan a la UE, incluido el Acuerdo de Asociación, que regula las relaciones entre las dos partes, y readapte su política de exportación agrícola, orientándola hacia nuevos mercados. La Unión Europea y sus diferentes instancias tienen una deuda de claridad al encuentro de Marruecos y su integridad territorial. Huelga decir que el Reino no aceptará en modo alguno la incorporación, para poder evitar la sentencia del TJUE, de un mecanismo o instrumento de monitoring europeo que permita verificar unilateralmente que las poblaciones locales se benefician de los beneficios de la exportación de productos agrícolas. Este ejercicio compete, naturalmente, a Marruecos, país soberano, que pone todo lo necesario en liza para asegurar el bienestar de las poblaciones del Sáhara y el desarrollo las Provincias del Sur.

La convicción e intransigencia de Marruecos al encuentro de cualquier manipulación sobre el dossier del Sáhara, manifestadas y expresadas por Su Majestad el Rey Mohamed VI el 6 de noviembre pasado con motivo del 40º aniversario de la Marcha Verde, sobrepasan de forma clara la dimensión de la relación Marruecos-UE. El Reino ha creído conveniente, bajo impulsión del Soberano, de multiplicar y diversificar sus partenariados políticos y económicos, que lo hacen cada vez más independiente de su relación con la UE, ayer tradicional y casi exclusiva, y hoy formando parte de un todo.